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viernes, 26 de diciembre de 2014

MULTAS DE RADARES: 508 MILLONES DE EUROS EN TRES AÑOS

"La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recaudado algo más de 500 millones de euros en multas gracias a los radares de velocidad, desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno.
Así consta en una respuesta parlamentaria emitida por el Ejecutivo al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia. La información, a la que ha tenido acceso Servimedia, recoge todos los datos nacionales, a excepción de Melilla, País Vasco y Cataluña. Estas dos últimas regiones tienen transferidas las competencias en la regulación del tráfico.
En concreto, entre el 1 de noviembre de 2011 -Rajoy es presidente desde finales de diciembre de ese año- y el pasado 21 de octubre, las multas por exceso de velocidad cobradas por la DGT sumaron un total de 508.618.018 euros.
Andalucía es la comunidad autónoma que más ha aportado, con 99,99 millones, seguida de Castilla y León (73,26), Galicia (60,93), Castilla-La Mancha (54,77) y Comunidad Valenciana (47,27 millones). En La Rioja y Baleares, últimas en esta clasificación, no llegaron a los siete millones.
Por provincias, y estando excluida Barcelona, el primer lugar corresponde claramente a Madrid (39,51 millones), por delante de Sevilla (28,11), A Coruña (26,41), Málaga (23,96) y Valencia (21,78), que son las únicas que sobrepasan los 20 millones de euros.
Por otra parte, en la campaña de Tráfico contra el alcohol y las drogas al volante llevada a cabo la semana pasada, fueron denunciados 2.454 conductores sobre 197.492 sometidos a pruebas. El porcentaje de positivos por drogas fue del 24%, aunque la muestra era de 'sólo' 1.874 conductores. En alcohol, los 2.006 positivos equivalen a un 1% del total."
Fuente: El Mundo.

miércoles, 9 de octubre de 2013

NUEVA REFORMA DE LA LEY DE TRAFICO

El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido al Congreso el proyecto de ley por el que se reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que incluye novedades como la elevación de las multas de alcoholemia y drogas (de 500 a 1.000 euros), la obligación de que los menores lleven casco en ciudad cuando monten en bicicleta o la prohibición del uso de detectores de radar.
La reforma también abre la puerta a elevar el límite de velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autopista, al introducir en el cuadro de sanciones por excesos de velocidad este nuevo límite, aunque este nuevo límite de velocidad no se materializará hasta que se lleve a cabo otra reforma, la del Reglamento General de Circulación, que el Gobierno prevé aprobar para primavera.
Según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha calificado de «importante» la reforma, el Gobierno ha pedido la consulta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal (Aesleme).
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor para principios de 2014, según señaló en verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Prohibidos los detectores de radar
Otras de las novedades de la reforma es la regulación de los controles de drogas. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.
Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y 3 puntos del permiso. Hasta ahora, los detectores de radar se permitían, lo que estaba prohibido era los inhibidores de radar. La diferencia entre ambos es que los segundos interfieren con la señal del radar para que este no detecte la velocidad a la que se conduce.
No obstante, probablemente la reforma que más polémica ha causado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas -actualmente es sólo obligatorio en carretera-, lo que ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos.
El anteproyecto de la reforma incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad «en cualquier caso para los menores de 18 años», aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.

Texto original: Lavozdegalicia